El TSJ anula la autorización del complejo urbanístico religioso de Burgohondo.
La sentencia da la razón a Ecologistas en Acción en su consideración de que este macroproyecto en suelo rústico protegido no se ajusta a la legalidad.
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El Procurador del Común da la razón a los vecinos de La Adrada en su queja sobre la factura del agua potable.
El Procurador del Común afirma que no es conforme a la legalidad incluir el gasto de la piscina municipal en el recibo del agua potable.
Ecologistas en Acción denuncia la electrocución continuada de aves en Sanchidrián.
Los ecologistas denuncian que no se han tomado medidas para evitar las repetidas electrocuciones de aves en Sanchidrian.
Las asociaciones ecologistas de Castilla y León se oponen al anteproyecto de “Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León”.
Consideran que la ley propuesta aumentaría los privilegios de los cazadores, y dejaría al resto de los ciudadanos indefensos, en contra de lo establecido en la Constitución Española.
Comienza en Ávila el juicio por la caza ilegal de lobos durante una montería
Es el primer caso por caza ilegal de un lobo como especie protegida en España que llega a juicio.
La Junta de CyL, condenada a una multa de 800.000 euros por haber autorizado la caza de 91 lobos en 2016
La Justicia ha condenado la Junta de Castilla y León a pagar una multa de 800.000 euros por haber autorizado la caza de 91 lobos en 2016
La Junta de Castilla y León retira la acusación contra una trama de furtivos de Ávila
· Pocos días antes de que se celebre el juicio contra una trama de cazadores furtivos de cabra hispánica, la
Recomendamos: el artículo en Eldiario.es sobre los bloqueos del PP para investigar la corrupción
Recomendamos el último artículo escrito por Laura Cornejo y publicado por Eldiario.es ayer: “El Parlamento de Castilla y León ventilará en dos meses los grandes casos de corrupción tras dos años de boicot del PP”. Copiamos aquí unos extractos.
La Justicia obliga a Castilla y León a elaborar planes para mejorar el aire
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado que la administración autonómica está obligada a aprobar planes para mejorar la calidad del aire en las zonas donde la concentración de ozono supera los limites establecidos.
