Recomendamos el último artículo escrito por Laura Cornejo y publicado por Eldiario.es ayer: «El Parlamento de Castilla y León ventilará en dos meses los grandes casos de corrupción tras dos años de boicot del PP». Copiamos aquí unos extractos:
«El próximo 2 de abril se disuelven las Cortes de Castilla y León, condición obligatoria ante la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo. Con la disolución del Parlamento regional desaparición muere definitivamente la comisión que aborda los casos de corrupción del Gobierno Herrera: Perla Negra, Trama Eólica y la polémica contratación de las sedes de la Junta en el exterior. Las comisiones de investigación sólo tienen vigencia durante la legislatura en la que se componen, nada excepcional si no fuese porque el Partido Popular, que tiene la mayoría, ha bloqueado la comisión durante dos años y cuatro meses . No lo dicen los grupos de la oposición, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, a quien acudió el PSOE en busca de amparo.
«Se ha producido objetiva o materialmente una obstaculización impropia e intensa del natural ejercicio del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución –derecho de participación política y en concreto el derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes–, con una ralentización innegable, y frustrando hasta la fecha y pese al largo transcurrir del tiempo, la finalidad y el propósito de la comisión, con un riesgo cierto de que no se pueda llevar a cabo antes de la finalización de la legislatura su cometido», falló el Constitucional. (…)
(…) Lo que el PP ha intentado evitar a toda costa es que el presidente de la Junta tuviese que declarar en la comisión, donde está obligado a decir verdad. Una operación para salvar a Herrera. Para evitar el trance de presentarse ante una comisión de investigación por corrupción, Herrera solicitó comparecer en una Comisión de Economía y Hacienda en mayo de 2017, donde los grupos de la oposición dispusieron de apenas 10 minutos para preguntar al presidente de Castilla y León.
Pero, además, sólo se les permitió tratar un tema, la Trama Eólica. Herrera definió el caso como «corrupción de personas, no corrupción política» , a pesar de que en ella figuraban como investigados altos cargos suyos durante varias legislaturas, mientras que el PSOE aludía a la «omertà» propia de los regímenes mafiosos. Ningún partido creyó que Herrera no estuviese al tanto de que Iberdrola, con cuyos directivos mantiene relación cercana, estaba recomprando con cantidades millonarias las sociedades eólicas creadas por altos cargos y empresarios afines a la Junta, mientras que otras sociedades veían como sus procedimientos de autorización se paralizaban sin explicación.
Herrera evitó así tener que dar explicaciones sobre el caso Perla Negra, en el que la Consejería de Economía convocó un concurso amañado para construir un enorme edificio administrativo fuera de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, y con un sobrecoste millonario del que fue advertido por uno de los consejeros de la sociedad pública que lo sufragó, Pablo Trillo.
Tampoco se ha pronunciado nunca en sede parlamentaria por las ‘embajadas’ de la Junta repartidas por todo el mundo y sobre las que eldiario.es publicó una investigación que apunta a múltiples irregularidades. La Junta de Castilla y León, no sólo tuvo sedes secretas gestionadas mediante empresarios elegidos no se sabe con qué criterios, sino que llegó a pagar el alquiler de su sede en Bruselas a los promotores del edificio Perla Negra, camuflados en una sociedad belga. Nadie ha sido capaz de pronunciarse tampoco sobre las cantidades que se invertían en comidas, cenas y limusinas, cuando los altos cargos de Castilla y León, viajaban a Bruselas…»
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