Publicado por El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado que la administración autonómica está obligada a elaborar y aprobar «a la mayor brevedad» planes para mejorar la calidad del aire en las zonas donde la concentración de ozono supera los limites establecidos.
El ozono troposférico -a diferencia del estratosférico- es un contaminante producido por la reacción, en presencia de radiación solar, entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos emitidos por los vehiculos a motor y por algunas industrias.
A corto plazo la exposición a este gas puede producir irritación de ojos, nariz, garganta y tracto bronquio-pulmonar y problemas respiratorios. Si las concentraciones son elevadas, también puede causar lesiones inflamatorias en la piel, similares a quemaduras solares.
Aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias como el asma y la inflamación o obstrucción pulmonar, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.
Y aunque la Junta de Castilla y León recomienda quedarse dentro del domicilio en caso de altos niveles de ozono, en el aire ambiente interior el gas puede también reaccionar con otros componentes (formaldehído, acetaldehído y otros ácidos orgánicos) produciendo contaminantes de corta duración pero que resultan altamente irritantes y que también tienen efectos sobre la salud a largo plazo.
El ozono troposférico también es tóxico para la vegetación, afectando la reproducción y el crecimiento de las plantas, ya que disminuye el proceso de fotosíntesis, reduciendo la absorción del dióxido de carbono por la planta.
Si se toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica por ozono ha afectado en 2018 a la totalidad de la población y del territorio castellano-leonés.
El valor objetivo establecido por la normativa española es más laxo, pero aún así el Tribunal Superior establece la obligación de adoptar planes de mejora del aire en la mayoría de las zonas de la Comunidad, y así cumplir con el artículo 16 de la Ley estatal de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Ley 34/2007).
Y aunque el ozono troposférico es un gas que se desplaza, y que suele causar los mayores problemas en las zonas rurales alejadas de los principales focos de la emisión, el Tribunal declara que la ausencia de planes a nivel estatal no exime de la obligación de actuar a nivel autonómico.
Los planes deben identificar las fuentes de emisión de ozono, fijar los objetivos cuantificados de reducción de niveles de contaminación para cumplir la legislación vigente, indicar las medidas o proyectos de mejora, así como el calendario de aplicación, la estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los objetivos de calidad.
También deben prever procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y para su revisión – algo muy importante en nuestra comunidad, donde estamos acostumbrados a que se hagan planes y estrategias que muchas veces se quedan en el papel en lugar de ponerse en práctica.
La sentencia del TSJ es el resultado de una demanda contencioso-administrativo interpuesta por Ecologistas en Acción en 2016, y es pionera en España.
L.P.
(Fuentes:) https://www.ecologistasenaccion.org/?p=108540
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1197275675880/_/_/_
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=271089
Voces de Ávila 