Esta mañana un cazador ha matado un zorro cerca de mi casa, por donde 15 minutos antes yo había estado caminando junto al río.
Espero que no sea el zorro vecino, al que veo cruzar mi finca con frecuencia -donde cazará algún topillo o ratoncito-, y que hace a mi perro pegar una carrera cada vez que le encontramos aquí por el campo.
Escaparse de un perro no suele serle muy difícil; sin embargo, cuando hay casi una decena de perros de caza detrás tiene muchas menos posibilidades.
El incidente ha roto la paz de este domingo medio lluvioso, y además me ha vuelto a recordar el asunto pendiente de este coto de caza (AV-10884, en Navaluenga), que se constituyó hace un año en base de documentación falsa. Como seguramente muchos cotos de caza se constituyen.
Yo me enteré por casualidad: ví el anuncio en el tablón del Ayuntamiento, con un pequeño mapa, dificil de interpretar, mostrando la pretendida extensión del coto. En el anuncio se podía leer que abarcaría más de 3.325 hectáreas. En el Ayuntamiento no había más documentación.
Me tuve que ir a Ávila (90 km ida y vuelta), al Servicio Territorial de Medio Ambiente para ver el expediente. En él se encontraba una lista de unas 100 páginas con las más de 5 mil parcelas cuyos dueños supuestamente habíamos cedido los derechos cinegéticos, como declaraba el presidente del club de caza en su «Declaración responsable».
Para mi sorpresa, allí estaban también incluídas las tres pequeñas fincas mías, igual que las de gente que conozco y donde sé que nunca aceptarían la caza. Además, justo la finca donde está mi casa estaba en nombre de otra persona – de un tal L. Zamorano, que figuraba como propietario de polígonos enteros.
El técnico que trabajaba en la sección apenas reaccionó cuando le informé de esta situación; dijo que lo único que podía hacer era rellenar un modelo de alegaciones que me facilitó para que excluyeran mi finca del coto.
Informé a todos los vecinos que pude en los pocos días que quedaban del plazo, y 28 personas presentamos las alegaciones. A pesar de que con ellas quedaba claro que al contrario a lo que la «Declaración responsable» afirmaba no habían cedido ningún derecho -ni siquiera habían sido contactado- el coto se constituyó. Con el resultado de que ahora en los días de caza no hay NINGUNA zona en el término municipal de Navaluenga donde se puede pasear tranquliamente por el campo.
Según mi entender, no se debería haber constituído el coto, ya que quedaba claro que no se hacía conforme a la ley. Me explico:
La normativa respecto a la caza de Castilla y León establece que para constituir un coto, el solicitante debe tener los derechos cinegéticos en al menos 75% de la superficie que se pretende acotar, bien porque sea el propietario de los terrenos, o porque tenga un contrato o acuerdo de cesión de los derechos con el propietario.
Los restantes 25% (máximo) de los terrenos pueden considerarse como «enclavados», y para estos no se necesitan un consentimiento expreso: si los propietarios no se pronuncian en contra, se incluyen.
Sin embargo, la Administración, que debería velar por la legalidad, confunden esta distinción, o la ignora, o decide pasarla por alto…
El 10 de enero del 2018, siete vecinos presentamos un recurso de alzada (que basicamente es una solcitud formal a una instancia superior de la Administración para que revise una decisión) a la Consejería de Medio Ambiente en Valladolid. Llamé allí hace alguna semana: todavía no han resuelto nuestro recurso.
Lena Pettersson
