Publicado por Una administración independiente es una garantía para una sociedad libre.
En éste país nos hemos acostumbrado a ver en las administraciones públicas -ya sean nacionales, autonómicas, provinciales o locales- carreras funcionariales meteóricas.
Asistimos cada vez con más frecuencia a casos de funcionarios que con una escasa o limitada experiencia profesional acceden a altos cargos por “libres designaciones“, “comisiones de servicios“ o “acumulación de funciones“ – o lo que es lo mismo, por enchufe o dedazo.
Existe, por tanto, la politización más alta y descarada en la función pública de éste país en toda su historia. Sólo hace falta analizar la relación de puestos de trabajo de las administraciones públicas y ver en qué condiciones están cubiertas las plazas para ver semejante descalabro.
Los principios básicos de la carrera administrativa -de valorar el mérito y la capacidad, de tener acceso a la publicidad de la plaza y la concurrencia en igualdad- se han perdido para muchos puestos de nuestras administraciones. Por consiguiente se crea una carrera administrativa incompatible con esos valores al extenderse este modelo de adjudicación de plazas.
Una administración independiente debe ser la ejecutora de las leyes o normas independientemente del signo político que gobierne.
Esa discrecionalidad de nombramientos, y también del cese, hace al funcionario agraciado un fiel seguidor de las dogmas de fe del partido o de la persona que le propone para el cargo, generando la pérdida del principio de independencia que debe regir en el sistema funcionarial español.
Ahora la carrera administrativa se basa en la capacidad de peloteo del funcionario como los tiralevitas de antaño; eso sí, se inicia con la tenencia del “carné” del partido de turno.
Se pondrá de moda afiliar a los hijos cuando nacen a un partido político como antes los hacíamos socios del Betis. Por esperanza que no quede, todo sea por hacer carrera.
El problema viene cuando se cambia el signo político de una administración y por tanto todos esos cargos se quedan aislados en despachos, sin competencias, por aquello de tener vínculos políticos. Entonces vienen el llanto y crujir de dientes y la denuncia de maltrato o persecución por ideología que ya se empieza a ver en administraciones gobernadas durante mucho tiempo por un determinado partido.
Una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar y que es la consecuencia de una política administrativa irracional. De aquellos polvos estos lodos.
Habrá que pensar en un sistema de carrera administrativa que no prime exclusivamente la antigüedad o que se cubran las plazas por comisiones de servicio o libres designaciones. En el siglo XXI se impone una excelencia en el escalafón funcionarial y una acreditación de idoneidad de la plaza obtenida.
Manuel Vicente
Voces de Ávila 