L.P.
Para que una democracia sea digna del nombre se necesitan medios de comunicación independientes, que puedan informar de forma veraz y crítica. En Castilla y León faltan medios así, lo que posibilita que el clientelismo y caciquismo sigan reinando en muchos lugares.
De esto trata el artículo de Laura Cornejo, en El Diario: «Silvia Clemente y la prensa: 100.000 euros por noticias favorables quincenales y 9.000 por media hora de televisión».
Copiamos aquí unos extractos, aunque recomendamos leer todo el artículo:
«…El Parlamento de Castilla y León pagaba para que se publicase información favorable en determinados periódicos y para que la televisión privada que financia la Junta de Castilla y León hiciese un programas laudatorios de media hora. Todo se cargaba a las arcas públicas de la región. De los 3,6 millones de euros en publicidad institucional durante cuatro años en la anterior legislatura y bajo la presidencia de Silvia Clemente, no toda la prensa autonómica salió igual de beneficada.
Radio Televisión Castilla y León propiedad del constructor burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo -condenado en el caso de la Construcción- y del leonés José Luis Ulibarri, imputado en tres causas de corrupción, se lleva prácticamente la mitad de ese presupuesto, 1,6 millones. (…)
…Otra de las empresas mejor remuneradas por las Cortes es Promecal, también propiedad, esta vez a 100% y no al 50% como RTVCyL, de Antonio Miguel Méndez Pozo. El Parlamento Autonómico paga más de 100.000 euros al año por la «contratación del servicio anual de publicación de dos páginas quincenales sobre las Cortes de Castilla y León en los periódicos del Grupo Promecal». La información que se sirve no va identificada como publicidad, y tampoco se precisa en los contratos, todos exactos, cuántos periódicos tiene el grupo -en la actualidad tres diarios y tres semanarios-. Por hacer información pagada, Promecal ingresó 477.000 euros en cuatro años. Desde Promecal apuntan que no se trata de contratos publicitarios sino de un contrato de «prestación de servicios» que consiste en publicar información parlamentaria. Las mismas fuentes precisaron que las informaciones que pagan las Cortes no van identificadas como publicidad «porque no lo son». Sin embargo, así lo considera el Parlamento, que en su portal de Transparencia hace constar la información de estos y otros contratos bajo el epígrafe de ‘Publicidad institucional’.
Pero no todo son grandes cifras. Entre las empresas también aparecen pequeños medios digitales que recibieron pequeñas atenciones publicitarias de las Cortes de Castilla y León. Al menos uno de ellos recibió un total de 451 euros en 2018. El mismo día en que ese digital publicaba un editorial intentando desacreditar la investigación realizada por eldiario.es sobre la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, una publicidad del Parlamento colgada de la web.»
https://www.eldiario.es/cyl/Parlamento-Castilla-Leon-informaciones-quincenales_0_970453857.html