Desarrollo Sostenible en las Zonas de Montaña en Castilla y León: la diferencia entre la teoría y la dura realidad

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Los habitantes de las zonas de montaña saben que una cosa son “los papeles” y otra la dura realidad. Que las leyes cambien para bien es importante, pero lo es más que la administración las aplique.

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Alejandro Gómez Blázquez, Concejal del Ayuntamiento de Cillán

Recientemente con objeto de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, la televisión pública quiso recordar un programa realizado el 30 de noviembre de 1978, antes de su votación. El programa en cuestión se llamaba “¿Y yo qué gano?” dirigido por Alfredo Amestoy, un renombrado presentador de la época. En él personas de la calle preguntaban a los padres de la Constitución cuestiones que les pudieran interesar de su vida diaria. En el programa emitido el pasado 6 de diciembre TV1 volvió a sacar a algunas de las personas entrevistadas hace 40 años y también a los políticos que les contestaron. Quiero citar aquí el caso de un joven, entonces, poblador de la montaña leonesas que le preguntaba a Ramón Tamames, afamado economista entonces militante del Partido Comunista, que qué iban a ganar los habitantes de la montaña leonesa con la Constitución, entonces ya con los problemas de la despoblación. La respuesta de Tamames fue que la Constitución abría las puertas a la integración de España a Europa y en Europa había un interés claro en los equilibrios poblacionales. Pasados 40 años el joven leonés se ha transformado en un maduro y escéptico señor que afirma que hoy la realidad de la montaña de León ha cambiado pero a peor. La respuesta hoy del anciano Tamames es que España, ya integrada en la UE, goza de las múltiples directivas europeas que protegen a las zonas de montaña.

¿Quién vive en la ficción? Los que procedemos de estas zona sabemos que una cosa son “los papeles” y otra la dura realidad. Que las leyes cambien para bien es importante, pero lo es más que la administración las aplique.

La filosofía de las Directivas sobre Desarrollo Rural de las que habla el señor Tamames viene a decir que cualquier acción pública que se realice en las zonas de montaña, debe ir dirigida a mejorar las condiciones de vida de los pocos que tienen el mérito de seguir viviendo allí, de poner las mejoras técnicas al servicio de la gestión del territorio desde el saber local y de compatibilizar la actividad agraria con la conservación medio natural, entre otros. Este es el origen de esta normativa que obliga a los países de la UE y que ilustra a la legislación española.

En España los conceptos básicos del Desarrollo Sostenible (actuaciones de ámbito comarcal, exigencia de participación local en las acciones y obligación de coordinación de las distintas administraciones) se empezaron a trabajar ya con el Primer Plan de desarrollo (1964) en las Comarcas de Ordenación de Explotaciones. En el período 1964-1985, por ejemplo, en Castilla y León 1.722 municipios y 60 comarcas fueron afectados por esta planificación comarcal. Después han pasado leyes de bases adaptadas a la norma europea ( Ley de Agricultura de Montaña (1982) y Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007)) que simplemente no se han aplicado.

Sin embargo, desde que existe la Comunidad Autónoma de Castilla y León en todo el amplio territorio montañoso que bordea el valle del Duero, no ha habido ninguna acción sistemática y estructural que mejore la vida de los habitantes serranos. Posiblemente haya alguna excepción. De hecho nosotros, el municipio de Cillán podíamos haber sido una, por eso hemos andado un tortuoso camino, que arranca también unos años después de aprobada la Constitución.

Solicitada a principios de los ochenta, animados por las actuaciones, entonces vigentes, en las Comarcas de Ordenación de Explotaciones, la concentración parcelaria de Cillán solo pudo ser declarada en 2006. Hoy, casi 40 años después, en el pueblo luce un visible cartel que anuncia que esta actuación, que está a punto de acabar, se ha realizado con fondos del FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible). Un Fondo regulado por el Reglamento UE 1305/2013 y que por todos los lados derrocha principios del desarrollo sostenible de los que venimos hablando. Absolutamente todo lo contrario de lo que ha realizado el ITACYL en Cillán.

En nuestro caso, el abandono del vademecun del desarrollo rural ha sido contundente: ninguna explicación de los objetivo de la concentración, ni programa que lo asista, ninguna opción a la participación de otras administraciones (aunque sean de la propia Junta de Castilla y León), ninguna contestación a las distintas propuestas realizadas desde el pueblo, ninguna participación local en el plan de infraestructuras, ni siquiera su puesta en conocimiento. Concluyendo con la negativa de la oficina del Itacyl en Ávila a recibir a miembros del Ayuntamiento. Inaudito.

La realidad es que se está invirtiendo, según proyecto, casi 1,5 millones de euros -el presupuesto de inversiones de 100 años de nuestro Ayuntamiento- en unas obras que no responden a las necesidades sentidas del pueblo, con numerosas irregularidades, aún pendientes de resolver, y que, desgraciadamente, no contribuirán al desarrollo sostenible del municipio.

La Junta de Castilla y León, a través de su Plan de Desarrollo Regional 2014/2020, desde donde se ha financiado esta inversión, parece haber decidido sólo invertir en infraestructuras para la agricultura productiva (secanos y regadíos). Desde luego cuando los aprovechamientos se diversifican y lo ganadero, lo forestal, la conservación del territorio y el fomento del patrimonio natural deben ser los objetivos prioritarios, el ITACYL nos ha demostrado no entender nada.

La Junta de Castilla y León debe saber que tiene abandonado a más del 50% de su territorio, el ocupado por las comarcas de montaña, que constituyen el núcleo duro de la España que de esta manera contribuye a Vaciar.

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