En un artículo publicado en Último Cero, el procurador por IU-Equo en las Cortes de CyL, José Sarrión Andaluz, explica las consecuencias de la modificación de la Ley de Urbanismo que propone el Partido Popular.
Como ya hemos informado aquí en varios artículos, la modificación va dirigida a facilitar el abrir minas incluso en espacios naturales protegidos.
Explica Sarrión que «hasta ahora la Ley del Suelo impedía expresamente la implantación de minas en suelo rústico protegido«. Sin embargo, esta prohibición sólo afecta a algunas de las 10 categorías de suelo rústico; incluso ya hay una que es «Suelo rústico de actividades extractivas» (ver Decreto 22/2004).
Según el procurador, «con la actual normativa, en el caso de que los municipios o provincias entiendan que un determinado proyecto minero tiene interés, tienen también herramientas para habilitarlo a través de modificaciones puntuales para habilitar el terreno rústico de actividades extractivas concreto. Por lo tanto, es evidente que la actual legislación y normativa ya permiten la instalación de minas en suelo rústico. Lo que pretende el Partido Popular es sencillamente eliminar controles para su instalación.».
«(…) lo que pretende el PP sencillamente es eliminar de golpe y plumazo todas las prohibiciones en el suelo rústico, y de paso despojar a las diputaciones provinciales y los consistorios municipales de herramientas para impedir el desarrollo de estas minas y canteras, tratando de imponerlas desde esta ley, priorizándolas sobre los propios planes locales de desarrollo y ordenación del territorio y usurpando las competencias de dichas administraciones. En el caso del suelo de entorno urbano, el de protección agropecuaria y el de protección cultural y natural, donde hasta ahora el establecimiento de minas estaba completamente prohibido, ahora bastará con una autorización excepcional (la cual concede la propia Junta a través de sus Comisiones Territoriales)…»
Sarrión también confirma que con la pretendida modificación de la ley, habría sido muy difícil parar el proyecto de minas de feldespato en la Sierra de Ávila:
«...esto que el PP quiere cambiar ahora es precisamente lo que permitió tumbar una de las minas de feldespatos de Ávila (la única que se ha logrado tumbar por ahora), la cual cerró principalmente por el hecho de intentar hacerse en suelo rústico protegido (también había un problema con la Confederación sobre aguas, pero pudiera ser más fácil de solventar).»
El artículo también aborda el argumento de los empleos:
«…el Partido Popular de Castilla y León nos habla 600 puestos de trabajo, sin especificar directos o indirectos, y sin indicar cuántos puestos preexistentes pueden destruirse como consecuencia de la apertura de minas. (…) En Castilla y León, sacando de la tabla los datos de la minería energética, nos quedan 473 explotaciones que emplean 2994 empleados, nos sale una media de 6,33 empleos por explotación (p. 15 Estrategia Recursos Minerales JCyL). A este argumento responde el PP que la creación de empleo indirecto en el sector es de 4 por cada empleo directo, lo cual ya es mucho suponer. Pero, aunque fuera cierto, habría que preguntarse el coste social, laboral (eliminación de puestos de trabajo pertenecientes a actividades económicas ya existentes como la ganadería, agricultura, hostelería, agroalimentaria, etc.), el coste ambiental y en infraestructuras de dicha actividad, teniendo en cuenta que el principal nicho de empleo indirecto se daría en el Sector Transportes…».
Nos incita a preguntarnos qué tipo de desarrollo local quéremos, y afirma que las ideas del Partido Popular para impulsar la economía de Castilla y León, «pasan por tres ejes: absorción de residuos de zonas urbanas, macrogranjas y entrega de recursos minerales al capital privado.»
«Mientras tanto, la historia nos interpela, como siempre. Las llamadas comarcas mineras (situadas en León y en el norte de Palencia) agonizan sin alternativas ante la desidia institucional, condenadas a desaparecer por el cierre de las minas del carbón, desamparadas por un capitalismo globalizado e inhumano. ¿No hemos aprendido nada? ¿Vamos a poner en riesgo el ya maltrecho tejido productivo de nuestras zonas rurales a cambio de proyectos mineros que duran una década, la mayoría de ellos en modalidad a cielo abierto (que apenas crean empleo y en cambio sí un grave impacto ambiental que luego hay que reparar, si es que ello llega a ser posible)…».
Termina con una aclaración importante:
«La cuestión no está en elegir entre empleo y medio ambiente, sino en elegir entre alternativas al corto plazo, y alternativas al corto, al medio y al largo plazo, y para ello las inversiones deben ser en economía sostenible desde un punto de vista social y ambiental». No debemos «cargarnos nuestro medio agropecuario y nuestro sistema ecológico a cambio de minas a cielo abierto que cerrarán a los diez años de abrir, con miles de camiones destrozando nuestras carreteras rurales que luego tendremos que reparar, y de paso mandar por tierra décadas de Proyectos de Desarrollo Rural.»
Para leer todo el artículo:
L.P.