La Plataforma Vecinal de La Adrada sigue reclamando una nueva ordenanza del agua

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El día 3 de diciembre el Ayuntamiento de La Adrada contestó al Procurador del Común de CyL sin aclarar si se somete a su Resolución anulando la ordenanza del agua que contiene los gastos de la piscina municipal, o si sigue con sólo una anulación parcial de la misma. Y esto a pesar de haber recibido una notificación por parte del Alto Comisionado de las Cortes de CyL para que responda de forma clara y motivada si acepta o no la Resolución.

A día 4 de diciembre los vecinos habían registrado más de treinta reclamaciones secundando la propuesta del espacio vecinal de La Adrada contra la anulación parcial de la ordenanza.  El plazo reglamentario para poder reclamar ni siquiera estaba contemplado en el Anuncio del 27 de noviembre del B.O.P.A., que contenía la revocación parcial de la subida donde no se concedían los 30 días para hacerlo que determina el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local  con el fin de poder plantear  sugerencias y alegaciones a la norma, y otorgaba tan solo 24 horas para que entrase en vigor al día siguiente de su publicación.

La plataforma vecinal solicita a su Consistorio, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, que acepte íntegramente la Resolución del Defensor del Pueblo revocando la antigua ordenanza por encontrarse fuera del marco de la legalidad, devolviendo los importes cobrados de más, aprobando provisionalmente otra nueva ordenanza con todos los requisitos legales, incorporando las alegaciones,  respondiendo a las reclamaciones,  aprobándola de manera definitiva en el Pleno y publicando el texto íntegro de la norma en el Boletín Oficial.

Los vecinos del espacio vecinal de La Adrada   sospechan que el Ayuntamiento ha actuado de esta forma irregular por querer retribuir  inmediatamente a la empresa suministradora la revalorización anual.  Subrayan la inseguridad jurídica en la que se hallan sus convecinos en el reglamento del agua pasando al cobro una subida no autorizada por la Comisión de Precios. Insisten en la necesidad de hacer una ordenanza proporcionada que conjugue, por un lado, la sostenibilidad, la aceptabilidad, la asequibilidad, la calidad y la disponibilidad del servicio en los grifos de los hogares, y por otro,  la participación ciudadana, la no discriminación, el acceso a la información y la rendición de cuentas en el Ayuntamiento, sede de la ciudadanía.

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