Comunicado de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Púbica en el Valle del Tiétar sobre las residencias de mayores en relación con la COVID-19

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La actual epidemia de la COVID-19 está afectando a toda la población, pero en especial a la población de mayor edad y con patología crónica múltiple, que es la que presenta una mayor mortalidad. Además, toda la información que nos está ofreciendo el Ministerio de Sanidad con respecto a estas instituciones muestra con claridad que “los residentes y usuarios de las residencias de mayores y de otros centros residenciales se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19”, es decir, representan un gravísimo problema de salud pública. Por ello, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Valle del Tiétar está muy preocupada por la situación en la que se encuentran las residencias de mayores en general y de nuestra comarca más en concreto.

Tenemos constancia de que Castilla y León es una de las cuatro Comunidades Autónomas donde más fallecimientos se han producido en residencias de personas mayores. El gran foco de esta pandemia han sido estas residencias, donde se ha registrado cerca del 70% del total de fallecimientos. En el siguiente cuadro presentamos los últimos datos que hemos recabado:

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También sabemos que, a nivel general, y según el Ministerio de Sanidad, “los datos y los estudios realizados hasta la fecha muestran que la COVID-19 afecta de forma más grave a mayores de 65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida a aquellos con patología respiratoria crónica y diabetes”. Según esta fuente, un estudio realizado en China revela que la mortalidad es de 3,6%, en la franja de edad entre 60-69 años, del 8% entre 70-79 años y del 14,8% en los mayores de 80 años.

Según el Informe nº 27 del Instituto Carlos III, el porcentaje de pacientes mayores de 70 años aumenta de 27% en pacientes no hospitalizados a 86% en pacientes fallecidos. A medida que aumenta la gravedad se observa también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base. La prevalencia de enfermedad de base es de 49% en los casos no hospitalizados y 79% en los casos hospitalizados. Los pacientes de mayor edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados a medida que aumenta la gravedad. La mortalidad aumenta con la edad.

Hasta el día 23 de abril, en la provincia de Ávila había 3.599 personas en centros residenciales, de los cuales 282 fallecieron por diversas causas. De entre ellas, 94 fueron confirmadas por coronavirus y 76 no confirmadas pero con síntomas compatibles con la COVID-19. El número de personas residentes en centros de mayores confirmado por coronavirus fue de 453, el de aislados con síntomas compatibles de 105 y en aislamiento preventivo sin síntomas de 343.

Ahora bien, esta tragedia no puede achacarse solamente a que por la edad son personal de riesgo. Hay otras causas que han colaborado a esta penosa situación, como son la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras de estos centros (mayoritariamente mujeres), la falta de medios materiales y técnicos, y la falta de personal (incumpliendo las ratios establecidas). A estas deficiencias de base, largamente denunciadas, se ha sumado, con la aparición de la COVID-19, que las trabajadoras de estas instituciones no hayan podido cumplir los protocolos dados por las administraciones por la falta de recursos para llevarlos a cabo, como la carencia de equipos de protección, la escasez de personal, las deficiencias estructurales, etc.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha señalado que las personas de las residencias de mayores necesitan ayuda diaria para su higiene y, en muchos casos, “para realizar desplazamientos y poder comer, lo que implica una alta intensidad de contacto físico con las cuidadoras profesionales (más alta incluso, en intensidad y frecuencia, que en un hospital de agudos).”

El 75% de las residencias de mayores (o sea, la mayoría) en España son privadas. Muchas pertenecen a grandes fondos de inversión cuyo fin último es el reparto de dividendos. La mayoría de las residencias privadas no disponen de servicio médico y de enfermería, sino que dependen de los servicios que prestan los equipos de Atención Primaria. Las residencias que sí tienen servicio médico y enfermería no suelen tenerlo disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, y tampoco tienen acceso a medicación hospitalaria, a material sanitario para administración intravenosa o aerosolterapia, ni a equipos de protección individual. La gran mayoría de centros tampoco disponen de oxígeno en las habitaciones ni tienen la capacidad para poder prescribirlo y se les debe proporcionar por los circuitos habituales de oxigenoterapia a domicilio.

Lo que nos está enseñando esta emergencia sanitaria es que las residencias de mayores, y por tanto los cuidados que en ellas se dispensan, tienen grandes deficiencias y carencias, también las públicas; al mismo tiempo nos muestra que las administraciones competentes, o sea las Comunidades Autónomas, han fallado en la supervisión y no siempre han atendido a las denuncias de las familias y organizaciones sociales.

Esta aterradora cifra de muertos en las residencias de mayores certifica de manera rotunda el gran fracaso del modelo de residencia. De nada sirvieron las casi infinitas denuncias en radio, televisión, prensa e instituciones representativas como las Cortes y las Diputaciones. De nada sirvieron las denuncias de mala gestión, de mal trato, de mala alimentación, de escasez de personal, de falta de apoyo sanitario, etc. Hoy lloramos por nuestros padres, madres, abuelos y abuelas pero nuestras lágrimas no servirán de nada si seguimos sin exigir la necesaria titulación sanitaria de cuidadoras y cuidadores, sin dar la cobertura sanitaria pública que se demanda, sin el equipamiento correspondiente, sin formar al personal, sin disponer de edificios compartimentados con posibilidades de aislamiento, sin duplicar las ridículas ratios de personal por residente aprobadas por la Junta de Castilla y León, etc. Lloraremos más y más pero nuestros mayores seguirán sin tener la atención que merecen y a la que tienen derecho.

Es urgente que el Estado aumente las residencias de gestión pública, que haga de todas, públicas y privadas, verdaderos espacios sociosanitarios de calidad, con las debidas exigencias y controles para que no se repita un drama como el que está sucediendo en estos días.

Es necesario sustituir el actual modelo de residencias, basado en el lucro empresarial, a otro que sitúe el bienestar de las personas mayores como objetivo único; y creemos imprescindible que las residencias de mayores estén bajo el control de la Consejería de Sanidad, no de la Consejería de Familia como ahora.

Por cierto, allá por el mes de agosto, la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, vio con buenos ojos la construcción y puesta en marcha de una residencia sanitaria para el Valle del Tiétar, proyecto del cual todavía no sabemos nada pero que nos parece de urgencia, ya que la población de esta comarca es cada vez más mayor y necesita un servicio sanitario que atienda sobre todo enfermedades crónicas, y que esté cerca del lugar de residencia familiar y evite los penosos desplazamientos al hospital de referencia Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila capital.

Plataforma en Defensa de la Sanidad Púbica en el Valle del Tiétar

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