Publicado por La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila concedió en el pasado mes de diciembre autorización excepcional para un proyecto de complejo turístico de gran envergadura, a pesar de estar ubicado en una zona natural protegida. Según Ecologistas en Acción, si se llevara a cabo significaría la urbanización de un valioso espacio natural, algo que va completamente en contra de la legislación tanto autonómica como estatal y europea.
El proyecto incluye un hotel rural de enoturismo, bodega, almazara, instalaciones para la producción de piñón, y para varias actividades de ocio como la caza, equitación, deportes náuticos, pista de padel, etc. Está promovido por Global Haswell, S.L.U, una empresa etiqetada como “intermediario financiero”, y cuyo administrador único José Antonio Jordano López también administra empresas clasificadas como inmobiliarias y consultorías empresariales.
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Se desarrollaría en una superficie de 130 hectáreas, en la finca “Las Cabreras de Santa Leonor”, dentro del término municipal de Cebreros. La finca está incluída en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) “Pinares del Bajo Alberche”, formando parte de la Red Natura 2000.
El pinar de pino piñonero (Pinus pinea) y Pinus pinaster constituye la vegetación principal, unido a arbustos adaptados a climas secos. También hay encinas y enebros. Entre las importantes poblaciones de aves, destacan las especies amenazadas de la Cigüeña negra y el Águila imperial ibérico. De hecho, la finca está incluída en el Área Crítica de los Planes de Recuperación de estas dos especies.
Los ecologistas recuerdan que tanto numerosas leyes autonómicas, estatales y europeas como una copiosa jurisprudencia obligan a preservar los valores naturales de estos espacios, no dejando que las principales amenazas – presión urbanística, actividades de ocio, incendios forestales y desarrollo de infraestructura- acaben con ellos.
Consideran que el proyecto del complejo es un ejemplo de “lavado verde”: pretende ser “sostenible” y de “interés general” por promocionar la explotación vitivinícola de la Denominación de Orígen Protegida de Vinos de Cebreros y crear puestos de trabajo, a la vez que tendría un impacto irreversible en lo que constituye el mayor atractivo del Valle del Alberche, su bien conservada naturaleza.
Explican que lo que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila ha autorizado es la construcción de unos 4000 m² de edificios para una ingente cantidad de actividades ajenas al uso natural del terreno, con un uso turístico masivo en varias zonas de la finca, en un espacio de gran valor ecológico y área crítica para especies que se encuentren en peligro de extinción. Consideran chocante que el proyecto cuente con un informe ambiental favorable que dice que no provocaría efectos significativos sobre el medio ambiente, cuando la realidad es que la implantación del proyecto en ese lugar resulta incompatible con los objetivos básicos de conservación establecidos por la legislación ambiental.
Según el artículo 47 de la Constitución Española, los poderes públicos tienen la obligación de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, una obligación que en este caso no han cumplido.
Sin embargo, subrayan que no es el proyecto en sí el problema -ya que el turismo en general es una actividad económica positiva para el medio rural- sino su ubicación:
“El emplazamiento elegido es totalmente inadecuado, ya que lo que demanda el interés general en este paraje natural bien conservado y alejado de los nucleos urbanos, es EVITAR la implantación de nuevas edificaciones. Deberían haberse planteado las alternativas viables de ubicar el proyecto en suelos de menor valor ambiental,” afirma un representante de la asociación.
Aún más que esta omisión de alternativas en la Evaluación de Impacto Ambiental, llama la atención el hecho de que la Declaración de Impacto Ambiental haya sido aprobada DESPUÉS de la autorización del proyecto, algo que según Ecologistas en Acción constituye causa de nulidad de acuerdo con las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
Estas son algunas de las razones por las que la asociación ecologista ha interpuesto un recurso de alzada, solicitando que se revoque la autorización del proyecto y la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.
Asimismo ha solicitado la suspensión del acuerdo, con adopción de las medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público, y la notificación de la suspensión al titular de la autorización y al Ayuntamiento de Cebreros, para que no otorgue licencia municipal y así evitar el riesgo de incurrir en responsabilidad patrimonial.
Voces de Ávila 