Ecologistas en Acción denuncia por prevaricación a la Mesa de las Cortes de Castilla y León por la Ley de Caza

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La regulación de la caza en Castilla y León no respeta la normativa acerca de la protección de la fauna, algo que los tribunales han confirmado en varias sentencias a lo largo de los últimos años. Los Ecologistas consideran que la Mesa de las Cortes no respeta la legalidad al haber admitido la Proposición de cambiar la Ley de Caza, para así esquivar la suspensión cautelar de la caza.

Ecologistas en Acción ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una denuncia penal contra el Presidente de las Cortes de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y los otros cuatro procuradores que junto a él integran la Mesa de las Cortes, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de pasar por encima de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el Alto Tribunal Regional.

La prevaricación es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta y contraria a la Ley. En este caso los procuradores tienen que saber que el Tribunal Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones que las leyes “a la carta” aprobadas por las Cortes de Castilla y León son inconstitucionales, al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,  es decir a la protección de los ciudadanos que el artículo 24 de la Constitución Española establece frente a los poderes públicos, que no pueden actuar de forma arbitraria sino que tienen que ajustarse a la ley.

Tanto la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las Directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.

La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la normativa de conservación de la fauna.

Los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suman a otra decena de sentencias judiciales firmes del TSJCyL que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019.

A los ecologistas les resulta bochornoso que año tras año la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumpla este principio básico, y que sean las organizaciones ambientales las que deban exigir sistemáticamente ante los tribunales de justicia el cumplimiento de la más elemental legalidad. Por ello, la Federación de Caza de Castilla y León debería reclamar a las autoridades regionales un mínimo de capacidad para sujetarse a la normativa, en lugar de arremeter contra los colectivos sociales y los jueces que están poniendo de manifiesto, sentencia tras sentencia, el absoluto descontrol de la caza en Castilla y León.

En este contexto, Ecologistas en Acción deplora que los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos y la Mesa de las Cortes de Castilla y León hayan decidido aceptar la “invitación a delinquir” realizada por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente Suárez Quiñónes para que enmienden su ineptitud y la de los responsables de la Dirección General del Medio Natural de Castilla y León, a través de la Proposición de Ley que se discutirá hoy miércoles en el Pleno de las Cortes.

Al margen de la opinión de cada cual sobre el conflicto entre caza y conservación de la naturaleza, los ecologistas consideran sangrante comprobar que los procuradores de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos están promoviendo este nuevo atropello legal a sabiendas de que  las Cortes de Castilla y León han recibido en años pasados cuatro sentencias del Tribunal Constitucional por aprobar leyes singulares a la carta para sacar adelante proyectos contestados en los tribunales como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid. Los ecologistas recuerdan que actualmente el Tribunal Supremo está juzgando a la Mesa del Parlament de Cataluña por tramitar iniciativas legislativas inconstitucionales, en las que nuestras Cortes son líderes.

Además, la organización ambiental considera esperpéntico que el Consejero de Medio Ambiente se envuelva en la bandera de Castilla y León para disimular su inutilidad, declarando amigos y enemigos de la región según sus filias y fobias personales, o que se escandalice por las cuatro víctimas mortales que anualmente ocasionan en toda España los accidentes con fauna silvestre
(citado por la Proposición de Ley) al tiempo que se resiste a adoptar las medidas legales previstas para mejorar un problema como la mala calidad del aire que ocasiona un millar de muertes cada año en Castilla y León.

La denuncia penal considera evidente el ánimo de infringir el ordenamiento jurídico vigente en España e incumplir las resoluciones firmes de los tribunales, al margen del atropello del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva y a la participación, que constituyen la esencia del sistema democrático. Los ecologistas recuerdan que los procuradores de las Cortes de Castilla y León, igual que los demás ciudadanos, deben respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales.

Por ello, exigen responsabilidades penales a los miembros de las Cortes que han adoptado la decisión injusta de admitir a trámite la Proposición de Ley, a sabiendas de que impide ejecutar las sentencias judiciales firmes y los autos de suspensión que hoy por hoy declaran ilegal la caza en Castilla y León, así como el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que asiste a Ecologistas en Acción y a otras entidades como el PACMA. La pena por los delitos denunciados alcanzaría de 6 meses a 1 año de prisión y de 11 a 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

De ser finalmente aprobada por las Cortes, Ecologistas en Acción pedirá al Gobierno, a los Grupos  Parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros. Asimismo, el propio TSJCyL podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad previa a resolver los recursos judiciales en curso.

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