La Junta de Castilla y León autoriza la caza «para el control poblacional de especies cinegéticas» en pleno estado de alarma. Después de anular su primera polémica decisión administrativa – a los pocos días de declararse el Estado de Alarma- de permitir la actividad de los cazadores aún durante el confinamiento general, ahora la Junta ha emitido una nueva Instrucción firmada por el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.
Según Ecologistas en Acción, con esta nueva Instrucción la Junta de Castilla y León, con el argumento de “controlar las poblaciones de fauna silvestre cinegética, en particular de conejo y jabalí, en prevención de daños a la agricultura y de riesgos para la sanidad animal”, vuelve a favorecer a los cazadores ante el resto de los ciudadanos.
La ONG considera que la Instrucción hace afirmaciones gratuitas sobre la problemática del jabalí, al decir que “está provocando daños a las personas y a sus bienes, materializados fundamentalmente en las zoonosis, accidentes de tráfico y los daños sobre los cultivos agrícolas y la transmisión de enfermedades al ganado”, al no existir datos de tal densidad y tampoco de daños contrastados que la avalen. La organización ecologista también llama la atención sobre la incoherencia de la Instrucción, ya que a la vez que considera dañinos a los jabalíes, se olvida de las autorizaciones de cría de especies alóctonas que la Junta de Castilla y León otorga para las granjas del jabalí de Rumanía o de las numerosas repoblaciones con animales criados en granjas y su alimentación suplementaria para favorecer los Cotos de caza intensivos.
Además, los ecologistas piensan que en la situación excepcional la administración regional no dispone de las personas ni los medios exigibles para verificar los daños, que es necesario demostrar, ni para controlar la caza, ya que los servicios de vigilancia medioambiental: cuerpos de Agentes Medioambientales y del Seprona de la Guardia Civil, están centrados como es lógico en otras prioridades, incluso sanitarias.
Por otro lado, afirman, han pasado más de 40 días de confinamiento y no se ha visto interés por parte de la Junta de Castilla y León en apoyar a los pueblos y las actividades agrícolas no comerciales que se desarrollan en ellos. Castilla y León es una de las Comunidades en las que no se permite acudir a las fincas agrícolas a las personas que no sean autónomas. En la región existe un gran número de personas que cultivan huertos o frutales pero que no se dedican profesionalmente a ello. Mientras, en comunidades como Galicia o el País Valenciá, se permite la realización de estas actividades.
«El propósito de las actividades agrícolas es el de abastecerse de alimentos, una de las actividades autorizadas en el Decreto de Estado de Alarma. No así el de la caza con fines de control de poblaciones», según un representante de Ecologistas en Acción.
La Instrucción de la Junta:
Instrucción 2-FyM-2020-20 abril, controles poblacionales COVID19.